Más de 9 millones de euros se gastan Díaz y Escrivá en subcontrataciones por la falta de personal en las administraciones

La falta de personal debida en las Oficinas del SEPE y Seguridad Social debido a la falta de oferta de empleo público en los últimos años ha provocado que el Gobierno haya tirado de «cartera» para desatascar las tramitaciones de las diferentes ayudas.

Los ministerios de Trabajo Y Seguridad Social se han visto obligados a subcontratar los servicios de empresas externas (Tragsatec) para poder acometer el elevado volumen de trabajo a consecuencia de las solicitudes de las diferentes ayudas puestas en marcha por el Gobierno para paliar la crisis del coronavirus, como subsidios extraordinarios o los Expedientes de Regulación Temporal (ERTE)  o la medida estrella, el Ingreso Mínimo Vital.

Esta falta de personal que arrastran ambos ministerios es consecuencia de la falta de oferta pública para cubrir los puestos vacantes que por jubilaciones se han ido produciendo a lo largo de estos años y que pronto será aún más grabe, pues la media de edad de los trabajadores ronda los 58 años, por lo que están muy cerca de la jubilación.

La empresa que han contratado para «parchear» este déficit de personal ha sido la ya utilizada en otras ocasiones, Tragsatec, filial tecnológica del Grupo Tragsa.

El SEPE ante la avalancha de solicitudes de ERTE no tuvo más remedio que contratar a Tragsatec para agilizar todo el proceso tras acumular retrasos de incluso 3 meses en el reconocimiento de la prestación.

Uno de los contratos con mayor importe fue precisamente para agilizar las tramitaciones del Ingreso Mínimo Vital que le costó al gobierno unos 7.6 millones de euros, una contratación que tuvo bastante polémica al conocerse que este personal contratado solo podía «verificar» que se habían envidado los documentos, pero no podían cruzarlos, ya que esto solo puede hacerlo  un empleado público.

No solo se contrató a esta empresa para agilizar trámites para las prestaciones, también para que ayudaran al SEPE a las labores de gestión de deudores por prestaciones por desempleo indebidamente percibidas.

En total unos 9 millones de euros que el Gobierno ha empleado en mitigar las carencias de personal.

 

 

 

 

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