La fiscalía responde así tras verse el primer caso de familiares que han rechazado vacunar a un anciano de una residencia de Sevilla.
La vacuna que se suministra desde el pasado 27 de diciembre y que en esta primera tanda se procederá a vacunar a los sanitarios y a las personas mayores, la de mayor riesgo como se recoge en el plan de vacunación que el ministro de Sanidad, Salvador Illa comunicó en noviembre de 2020.
Aunque siempre por parte del Gobierno han manifestado que la vacunación sería voluntaria, dejaron la puerta abierta pudiera obligarse por el bien común.
Y esto es precisamente lo que ha ocurrido en una residencia de Sevilla, donde los familiares de un anciano se han negado a que este sea vacunado contra el coronavirus.
La fiscalía responde ante la negación de vacunarse
El tutor debe velar por la salud del tutelado
Ante esta situación el fiscal delegado de Mayores y Protección de Personas con Discapacidad en Sevilla, Norberto Sotomayor ha comunicado que los tutores legales de estas personas mayores incapacitadas pueden perder la tutela en el caso de que un juez, basándose en criterios de salud, estime que sea obligatoria la vacunación.
Al parecer los hijos del anciano se negaron a rellenar el formulario previo a la vacunación por consiguiente no dando su consentimiento.
Por el momento no se ha abierto ninguna diligencia informativa sobre este caso de rechazo a la vacunación y en ningún momento se estima emprender una investigación penal más allá de la civil.
El fiscal Sotomayor asegura que el tutor debe tener en cuenta la salud de su tutelado, pero en el caso de detectarse que no está velando por su salud, puede provocar una perdida de la tutela judicial.
Al contrario que una persona con plena capacidad, esta si puede negarse a ser vacunado, el problema radica cuando la decisión de vacunarse la debe tomar otra persona en su nombre.
Si este conflicto existe, debe prevalecer la salud de la persona, por lo que si el médico decide que no hay ningún motivo científico para no vacunar, la decisión de esta tercera persona encargada de su tutela no puede perjudicar la salud de la persona.
