Bruselas admite a trámite la denuncia contra la ministra Irene Montero por sus palabras sobre el documental de Rocío Carrasco

La ministra de Igualdad fue denunciada por la asociación Custodia Compartida de Alicante (ACCA) y la asociación de víctimas de la Ley de Violencia de Género (GenMad).

Las palabras de Irene Montero sobre el caso de la hija de Rocío Jurado le pueden traer consecuencias legales. Con la emisión del documental de Rocío Carrasco, «Rocío, contar la verdad para seguir viva», la ministra no dudo en hacer una valoración y mostrar su postura sobre el caso relatado en dicho documental en su cuenta de Twitter.

Esta reivindicación podría salir muy cara, ya que varias asociaciones denunciaron a la ministra por dejar entrever que Antonio David Flores es culpable de un caso de violencia de género.

Según ha desvelado el periódico «La Razón» Bruselas habría admitido a trámite dicha denuncia. Las denuncias provienen de la asociación Custodia Compartida de Alicante (ACCA) y la asociación de víctimas de la Ley de Violencia de Género (GenMad). Dichas asociaciones creen que la ministra vulneró la presunción de inocencia del ex Guardia Civil.

Foto: Telecinco.es

No solo fue un tuit.

A raíz del tuit que fue compartido por miles de personas, la ministra participó incluso en «Sálvame» donde mantenía sus palabras.

Es una obligación estar ahí como ministra de Igualdad.

La ministra no solo mostraba su apoyo a Rocío Carrasco a nivel personal, sino como «Gobierno».

Es importante como Gobierno anunciar que estamos con ellas, que da igual donde hayas nacido, si tienes fama o no, que todas las mujeres en cualquier circunstancia pueden ser víctimas.

Miles de críticas.

Sus palabras no solo consiguieron que fuera  Tendencia en Twitter, también recibió muchas críticas por parte de otros usuarios, la mayoría contrarios a su ideología política.

No obstante, muchos rechazaban como Irene Montero volvía a utilizar su posición para ponerse medallas. Pero sobre todo como puede una persona que trabaja en el Gobierno basarse en unas declaraciones que se han realizado previo pago por una cadena para dictar sentencia, cuando en los juicios oficiales los casos han sido sobreseídos.

 

 

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